El 2 de febrero se celebra el día mundial de los humedales, y para Entre Ríos la fecha reviste una importancia especial, porque “el sistema de humedales entrerriano es el más importante del planeta, y de los pocos, sino el único, que queda vivo”, explicó a AIM el integrante de la fundación M’Bigua, Jorge Daneri. Sin embargo, “la aprobación de la ley que crea la empresa Arroz Delta Entrerriano S.A., derogó la 9603 (ley de Arrendamientos de Tierras Fiscales) y con ella la prohibición de aplicación de agroquímicos en los territorios fiscales del delta contenida en el artículo 4º de la norma derogada”, indicó otro de sus integrantes, Diego Rodríguez.
Ecosistemas enteros en peligro.
En diálogo con esta Agencia, Rodríguez sostuvo que “la aprobación de la ley que crea la empresa Arroz Delta Entrerriano S.A., derogó la 9603 (ley de Arrendamientos de Tierras Fiscales) y con ella la prohibición de aplicación de agroquímicos en los territorios fiscales del delta contenida en el artículo 4º de la norma derogada”. En ese sentido, Daneri sostuvo “es ilegal e inconstitucional porque permite trasladar a las islas nada más ni nada menos que el modelo sojero tradicional, encima a través una sociedad anónima con muy poca participación del Estado, lo que hace más peligroso el proyecto”.
La derogación de la norma anterior, se llevó a cabo “sin perjuicio de la persistencia de las reglas generales de la ley 6.599 ratificada por 7.495 como así también su decreto reglamentario y reglamentaciones de la secretaría de la Producción (hoy ministerio) que contienen prohibiciones expresas respecto de cercanías a cursos de agua, por lo que aquí se genera una primera posible colisión de normas en tanto que la producción de arroz hoy en Entre Ríos se realiza con la necesaria utilización de paquetes tecnológicos que incluyen agroquímicos”, detalló Rodríguez.
El letrado también hizo referencia a la reforma constitucional entrerriana de 2008 que “fijó una agenda en materia ambiental y de desarrollo de vanguardia en referencia al resto de las provincias argentinas introduciendo conceptos novedosos como el desarrollo de las Pymes entrerrianas (artículo 67), impulsando la diversificación y participación equitativa en toda la cadena de valor (artículo 68); contemplar el arraigo del productor entrerriano a través del crecimiento de las actividades locales y el estimulo de la tenencia de la tierra por sus residentes, desalentando a través de su legislación la existencia de latifundios y uso de la tierra en grandes superficies (artículo 86)”.
Además, agregó: “en relación específica con la gestión de zonas de humedales establece que el estado tendrá a su cargo la gestión y uso sustentable de las cuencas hídricas comunes, y de los sistemas de humedales (artículo 85)”.
En ese sentido, Daneri expresó a AIM: “si los entrerrianos seguimos el programa constitucional, reformado en 2008, como sociedad y gobierno, el sistema de humedales necesita de una política de gestión, definición de sus usos y de protección de verdad, con estudios de impacto ambiental también serios, sin consultoras amigas. Es decir, una política comprometida”.
En tanto, Rodríguez destacó: “todo este proyecto político debatido en la Convención Constituyente hoy se ve amenazado por una norma sancionada en 48 horas sin debate político ni técnico de las áreas con competencia que establece la creación de nada menos que una Sociedad Anónima en la que el estado será minoritario, y que por 99 años va a manejar con criterios pocos claros la gestión”, y agregó: “es necesario recordar que para la producción de arroz se debe realizar un manejo del agua que en estas zonas se produce con endicamientos provocando un cambio importante en el escurrimiento normal de las mismas”.
“Hay que tener en cuenta los antecedentes de la ley 9.603 de Arrendamientos de Islas Fiscales”, agregó a AIM Rodríguez, y añadió: “mediante esa norma, entre el 27 de octubre de 2006 y el 2 de agosto de 2007 se arrendaron en total unas 128.350 hectáreas de tierras fiscales en el departamento Victoria a unos 109 adjudicatarios. De ellos, menos de la mitad (48) ocupa el 80 por ciento (89.325 hectáreas) de las tierras arrendadas. Del total de la superficie arrendada, el 99 por ciento se utiliza para ganadería y no para arroz”.
“No se observa tampoco cual es el criterio para establecer que una sociedad anónima pueda llevar adelante una mejor gestión de éstos territorio cuando en Entre Ríos contamos con los antecedentes ya mencionados, a los que debemos sumar el caso Bema Agri en Victoria donde el propio Corufa y la secretaria de Ambiente no determinaron el impacto que causó el terraplenamiento del sector; y más grave aún el caso Iberpapel, donde es el propio estado el que, correctamente, está ordenando la demolición del terraplenamiento”.
Por otro lado, Daneri se preguntó “¿Donde están los estudios de impacto ambiental, social y económico de semejante medida en semejante superficie?”, y continuó: “Las islas, los humedales de los que forman parte, son una biblioteca milenaria de diversidad biológica y productiva, además de cultural. ¿Qué decimos aquí?. Decimos que de esta biblioteca la ciencia nacional solo leyó no más del 5 o 10 por ciento. De lo demás, nada sabe, absolutamente nada. Todo esta por descubrirse, en cuanto a medicamentos y alimentos”.
“¿Que lugares elegirá el agua dentro de 10 años para inundar lo que ya no puede inundar más? ¿que nuevas áreas serán inundadas cuando el río De La Plata tenga mayor altura debido al cambio climático? en no más de algunas decenas de años”, expresó a AIM el ambientalista
“Con el mismo dinero asignado por la ley de privatización por 99 años de todos los humedales públicos o los que los señores del poder decidan, se podría equipar todas las áreas naturales protegidas ya creadas por ley; designar sus guardaparques; darles todo el equipamiento y sus viviendas; brindarles energías alternativas solar y eólica como lo sabe hacer el Conicet de Diamante; garantizar su recorrido diario integral; controlar los incendios; realizar acuerdos con los pescadores de convivencia y colaboración; hacer seguimiento de ciertas especies en vías de extinción; acordar estudios con el Conicet y nuestras universidades, con los institutos de investigación sobre medicamentos y producción de medicinas naturales; y con los escenarios de producción de alimentos naturales y agroecología con el Inta y otros institutos y ONGs especializadas de la Argentina y Sudamérica”, describió Daneri.
