Los números a veces acumulan y calientan. Y eso de las “frías estadísticas” es a menudo puro cuento. Ante ocho infantes muertos en dos semanas en Salta en las familias de pueblos originarios, se han disparado las interpretaciones, las explicaciones y las excusas.
Mencionemos únicamente al pasar la política de culpar a la víctima, provecta estrategia del poder, con la cual el gobernador salteño hizo su incursión “antropológica” denominándolos “desnutridos culturales”. La bajeza de esta calificación se mide únicamente por lo que esconde: qué condiciones de vida, sobrevida y muerte tienen los arrinconados pueblos originarios.
Pero si escuchar la voz del amo es penoso en esta cuestión, no quedamos mucho mejor librados con algunas voces “críticas”.
En particular con voces provenientes de la corriente mediática K que tiene que hacer enormes esfuerzos y cabriolas intelectuales para seguir denunciando los verdaderos motivos de estas muertes sin dejar de defender al gobierno.
En el programa oficialista de la radio oficial de la mañana (Norberto Corominas, Horacio Del Prado, Fernando Clavero entre otros, 15/2/2011) comentan la atroz situación de las poblaciones originarias en Salta y describen, correctamente, los mecanismos de desterritorialización que sufren, desde hace mucho, los habitantes originarios. Explican, y sus voces se superponen indignadas, agregando razones y causales, que las compañías petrolíferas, que los sojeros, que elementos del mundo judicial con escrituras las más de las veces truchas, se “adueñan” −con el “debido” respaldo policial, habría que agregar−, de tierras, vertientes, lagunas, caminos, bloqueando e impidiendo que los habitantes originarios puedan acceder a sus tradicionales medios de vida: recolección, pesca, cría, caza.
Estos periodistas, con alta conciencia crítica, la emprenden así con el capital operando y saqueando. Con la actividad normal del capital(ismo), bah. Libérrimo, sin frenos ni cortapisas.
Pero estos mismos periodistas, en un operativo ideológico que los califica como auténticos periodistas K (por si hacía falta otro dato que el hecho de revistar en los planteles de la radio pública, porque en este país lo público se confunde, deliberadamente, con lo gubernamental) nos han contado que las grandes empresas transnacionales seguirán ganando a manos llenas pero ya no mandan en el país. Y nos han puesto el ejemplo de un multón contra una petrolera de primer nivel. Y todo esto en el mismo programa en que abordaran la tragedia de los niños que han muerto legalmente por desnutrición.
¿Por qué, si las empresas ya no pueden hacer lo que quieren bajo el gobierno K hacen lo que hacen en Salta, deforestadoras, petroleras y/o sojeras?
Porque la denuncia de estos periodistas, tan furibundos anticapitalistas, se formulan con un presupuesto: los empresarios hacen lo que quieren porque no existe estado. Porque no hay gobierno. Porque no hay, en suma política. Solo la gestión… empresaria, el sueño de Macri. O, a lo sumo, alguna presencia de lo público corrompido hasta los tuétanos como en el ejemplo de la presencia (bastante habitual) de escrituras truchas.
Esto último es, por cierto, totalmente creíble. Pero la llamativa ausencia sigue en pie: ¿son jueces o fiscales cómplices lo único público que existe en Salta, amén de un gobernador que ensaya explicaciones “antro”? Si eso es así, eso es lo que tiene que denunciar el periodismo. Se podrá discutir si el gobierno nacional puede incursionar en el ámbito provincial, intervención mediante. O abdicar de hacerlo. Pero de lo que no puede abdicar el periodismo es de buscar las causas y los responsables de un hecho, sobre todo cuando se trata de lo que algunos consideramos, un asesinato, que así cumplido, en forma genérica, se incluye en lo que se llama un etnocidio. Porque criticando sólo a las empresas nos salteamos lindamente la instancia reguladora, societaria, política. Y la crítica al no crecer desde lo concreto (con-creto es crecido-con) deviene precisamente en su opuesto: abstracta. Inasible. Inservible.
Es curioso. Los etnocidios, generalmente acompañados de genocidio en menor o mayor escala, se realizan a menudo alegando causas políticas, religiosas, históricas. El caso más patente que tenemos en nuestro conflictuado presente es la política israelí sobre el pueblo palestino.
Pero en Argentina, una situación que implica el arrasamiento de formaciones socio-étnicas ajenas a la argentinidad, se cumplen como al descuido. Como sin darse cuenta. Bajo el puro impulso económico. O de la rentabilidad. Sin actores políticos (o casi). Los que deberían estar presentes, siquiera a causa de su presencia formal; los políticos, son cómplices que ensayan respuestas que le quiten toda responsabilidad a pasos económicos concretos; tomas de tierras, cierres de caminos, prohibición de caza, desmonte descontrolado de tierras “baldías” o “públicas” o sin títulos debidamente acreditados por las notarías del estado argentino, lo cual significa el achique permanente de las formas de vida económica vinculada al monte y a la naturaleza, más o menos tradicionales, más o menos artesanales. En una palabra, estamos ante distraídos que condenan moralmente al capital pero sin que semejante condena moral, afecte materialmente. Ni a los empresarios que van reconfigurando el país, bajo el motto de la modernización, para mejor hacer negocios, ni tampoco a los políticos que aceptan ideológicamente la modernización y consiguen así también su participación en los rindes.
Esta postración política está tan extendida que abarca incluso a los estamentos más altos del poder judicial, que se suponen más alejados de la corrupción o la connivencia: ante una seguidilla pesadillesca de muertes similares, de adultos originarios en 2008, la jueza de la SCJ, Carmen Argibay, no tuvo mejor medida que disponer se proveyera de bolsas de comida a la población afectada con tales muertes. Seres humanos a los que la industrializaciòn del agro, el desmonte, la contrarreforma agraria galopante que vive el país, la sojizaciòn, la modernizaciòn, en suma, les había arrebatado sus medios de vida. En ningún momento hubo siquiera un intento de reconocer el derecho de esos argentinos al hábitat. Un derecho humano. Ni siquiera se mencionó. La caridad entonces sí, la justicia ni en sueños.
Debe haber muchos más “actores sociales” alrededor de estas atroces, y repetidas, muertes. Pero el panorama político no se ilumina demasiado. Desde el costado profesional médico, por ejemplo, algunos profesionales de la salud (Alicia Torres y Tomás Torres Aliaga, p. ej.) presentan sus currículos y acusan al gobernador de falta de atenciòn hospitalaria como gotitas de vitaminas, con las cuales compensar algunas deficiencias y evitar la desnutriciòn galopante. Pero su crítica no excede su ámbito profesional, cuando lo que necesitamos en esta cuestión es precisamente aprender a ver por encima de nuestras quintitas profesionales o estamentales. Porque los Grobocopatel cuidan sus quintitas y los intendentes las suyas, y los médicos por el estilo… pero hay un quintita que es la destrozada. Ya sabe el lector −espero− cuál.
La misma etnia que sufre estas muertes fue atacada con motivo de un bloqueo de ruta a fines de 2010, en Formosa, con una represión que significó un nativo y un policía muertos y dos nativos gravemente heridos. Enfrentaban el desmonte de tierras que reclaman suyas.
Una pesadilla sin fin. Miembros de la comunidad qom, en Río Bermejito, tomó el 14 de febrero la comisaría. ¿Qué había pasado? Los qom cortan el puente La Sirena del mencionado río en protesta contra… ¿contra qué?: la tala de árboles. La policía, esta vez chaqueña, reprimió el corte hiriendo a un hombre qom. Esto fue lo que provocó la toma de la comisaría.
Las empresas no se dan por enteradas. Es su lógica. Los gobiernos tampoco. Pero postulan otra lógica. Pienso que al menos los periodistas debieran atender esto. Pero no lo parece, al menos entre los de los circuitos mediáticos principales. Ya Marx había reparado hace siglo y medio que “cada progreso económico es al mismo tiempo una calamidad social”; hoy la modernización galopante nos está llevando al borde de un precipicio planetario, pero no se discute; al contrario, ¡seguimos festejando los aumentos de PBI!
Luis E. Sabini Fernández es Miembro de la Cátedra Libre de Derechos Humanos, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, periodista, editor de futuros del planeta, la sociedad y cada uno, www.revistafuturos.com.ar
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