El Gobierno intenta una maniobra para impedir que los invasores de tierras indígenas se retiren
-Ley de Mato Grosso intenta pasar por encima de la Constitución y pretende relocalizar al pueblo Xavante
06/07/2011
Michelle Amaral
Redacción de Brasil de Fato
La ley 9.564, de autoría del presidente de la Asamblea Legislativa, José Riva (PP), y del diputado Adalto de Freitas (PMDB), tiene como objetivo “la regulación de tierras de los actuales ocupantes del área de reserva”. Sin embargo, conforme lo destaca el coordinador del Consejo Misionario Indigenista (CIMI) de Mato Grosso, Gilberto Vieira dos Santos, la medida es inconstitucional y atenta contra el derecho ya asegurado a los xavantes y a su territorio tradicional, ya demarcado y homologado por el Gobierno Federal desde 1968.
Santos explica que el Gobierno estatal de Mato Grosso del Sur no puede interferir en el debido proceso de retirada de los ocupantes no indígenas porque se trata de una demanda de responsabilidad del Gobierno Federal. “La tierra ya está homologada y es derecho de los indígenas. El Gobierno del estado no puede interferir en ese proceso”, enfatiza.
Denivaldo Roberto da Rocha, coordinador de la FUNAI en Ribeirao Cascalheira (MT), afirma que ni los xavantes ni el Gobierno Federal están de acuerdo con la medida propuesta por la Asamblea Legislativa de Mato Grosso y sancionada por el Gobernador Silval Barbosa (PMDB).
Según Rocha, en una reunión realizada con los xavantes en este martes (5), “ellos fueron taxativos que no aceptarán salir de su tierra tradicional”.
En la nota, la Coordinadora General Indígena Xavante (CIX), recuerda que la propuesta de cambio de la tierra indígena “es una afrenta a lo que bien entendemos como nuestros derechos amparados por la Constitución Federal y por organismos internacionales de Derechos Humanos, como la Convención 169 de la OIT”.
Para el coordinador del CIMI, el derecho del pueblo xavante sobre la tierra indígena no deberá ser afectado por cuenta de esta medida del gobierno estatal. “La ley es inconstitucional, no tiene fundamento ni soporte. De este modo, no va a incidir de ninguna manera en la retirada de los ocupantes no-indígenas”, enfatiza.
Maniobra
“Nuestra evaluación es de que esta ley es una maniobra del gobierno para mantener a los no-indígenas en el lugar”, alega el coordinador del CIMI. Según él, con esta propuesta de mediación del conflicto, con la relocalización de los xavantes en otra tierra, lo que se pretende es colocar la opinión pública contra los indígenas, por su renuencia a aceptar el pacto.
Organizaciones sociales del Mato Grosso emitieron una nota de repudio a la medida del gobierno del estado, donde apuntan las irregularidades de la nueva ley. Según la nota, hay deslices técnicos en el texto como, por ejemplo, la denominación del pueblo xavante como “Nación Indígenas Maraiwatsede”.
Las organizaciones sociales resaltan que el texto propone la salída de los indígenas de su territorio tradicional con el pretexto de regularizar la situación de los actuales ocupantes del área, “como si los indios, y no los fazendeiros, estuviesen en situación irregular”.
En la nota, las organizaciones sociales además destacan que el parque estatal ofrecido por el gobierno del estado, de acuerdo con los datos de la Secretaría del Estado de Medio Ambiente del Mato Grosso, tiene menos de 1% de sus tierras regularizadas. “O sea, más del 99% del parque aún no pertenece efectivamente al Gobierno de Mato Grosso, no pudiendo ser negociados”, completan.
Territorio tradicional
Santos enfatiza que la tierra indígena tiene para los xavantes un significado mucho mayor que los intereses comerciales de los fazendeiros y del gobierno del estado pueden darle. “La tierra tradicional es única para el pueblo indígena y tiene elementos que no pueden ser reconstituidos en otro lugar”, defiende el coordinador del Cimi.
Los xavantes, en nota de la CIX, afirman que no desocuparán su territorio tradicional “para dar lugar a las plantaciones de esos agronegocios suyos que se expanden como plagas en el Mato Grosso y por todo el país”.
Hoy, los indígenas ocupan apenas un 10% de la tierra indígena que, por causa de la actividad agrícola, tiene gran parte de su territorio devastado. Conforme a datos del Instituto Nacional de Estadísticas Espaciales (INPE), el mayor foco de deforestamiento en la Amazonia durante el mes de abril fue detectado en un área de 68,8 km2 dentro de la Tierra Indígena Maraiwatsede.
El Coordinador del CIMI cuenta que innumerables casos de irregularidades ya fueron comprobados en las fazendas de soja, arroz y ganado pertenecientes a los invasores de las tierras indígenas. Por ya estar demarcada y homologada, la presencia de los ocupantes no-indígenas en Maraiwatsede, asegura Santos, es “de mala fe”. Para él, con esta ley se pretende “legitimar esta ocupación ilegal”.
Lucha Judicial
El Coordinador de la FUNAI explica que la tierra indígena es un área rica en la región y objetivo de intereses económicos y políticos de los productores que la ocupan. Un juez y unos pocos alcaldes matogrossenses poseen propiedades en Maraiwatsede. “Pero esta es un área del Gobierno Federal, de derecho de los indígenas, y los ocupantes tendrían que ser removidos”, enfatiza.
Según Rocha, el Instituto de Colonización y de Reforma Agraria (INCRA) es responsable por el reasentamiento de los ocupantes ilegales que no tienen adónde ir. Y los fazendeiros ricos, asegura Santos, deben salir sin derecho a idemnizaciones.
En el día 1 de julio, el juez Julier Sebastián da Silva, de la 1ra de Justicia Federal de Mato Grosso, determinó la remoción, en un plazo de 20 días, de las 6 mil familias de no-indígenas que viven dentro de la tierra indígena. La determinación atiende un pedido hecho por el Ministerio Público Federal (MPF) con base en la decisión del Tribunal Regional Federal de la 1ra Región (TRF-1), de octubre de 2010, que ordenó la salida de los ocupantes, sin chance de recurso.
Sin embargo, en el día 2, el TRF-1 suspendió la decisión de la Justicia Federal de Mato Grosso, permitiendo la permanencia de los no-indígenas en Maraiwatsede. El TRF determinó que los productores permanecieran en el lugar hasta que la FUNAI y el MPF presentaran una solución viable para la retirada de las familias.
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